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La planta del sur que aliviará la saturación de Sogama no estará lista antes del 2014

El grave problema de saturación en la gestión de los residuos urbanos en Galicia no se solventará antes del 2014, cuando estarán plenamente operativos el complejo de tratamiento que complementará en el sur la actual instalación de Sogama y las ocho plantas de compostaje previstas por la Xunta. Aunque el Gobierno de Feijoo aprobará en los próximos días el Plan de Xestión de Residuos Urbanos 2010-2020, que recoge esas infraestructuras junto a la estrategia autonómica en este ámbito, no adoptará una decisión a corto plazo sobre las ubicaciones. El emplazamiento del macrocomplejo que debe aliviar una planta de Cerceda desbordada seguirá siendo una incógnita, al menos hasta que pasen las municipales de mayo.

Medio Ambiente tampoco tiene prisa. En sus plazos asume que necesitará cuatro años para poner en marcha los nuevos centros de tratamiento. Pero ese itinerario dificultará el propósito que traza el plan autonómico de garantizar que en el 2015 la totalidad de los residuos sólidos urbanos que genera Galicia reciban una gestión adecuada. Ahora, la Xunta entierra en vertederos controlados el 53%, un dato que evidencia la falta de plantas de valorización que complementen a la de Sogama, que está al límite de su capacidad. El objetivo es rebajar de forma progresiva esa proporción hasta dejarla en el 24%, para que solo acaben en vertederos los residuos que no pueden ser valorizados. El plan también pretende que Galicia genere un 10% menos de residuos en el 2020.

La cocaína llega a Marín oculta en envíos de fruta, pescado o madera

Los narcos utilizan varios sistemas para hacer llegar la droga desde Sudamérica, con conexiones en Barcelona.

El negocio está en manos de unas pocas personas, que cuentan con contactos dentro y fuera de las instalaciones.

¿Cuánto gana un controlador al mes?

El salario de los controladores aéreos es un debate que está en la calle. Después de la huelga salvaje que protagonizaron el pasado fin de semana y que provocó el cierre del espacio aéreo español, el interior de sus bolsillos está, más si cabe, en el boca a boca de los españoles.

En el caso de los controladores del centro de control de Torrejón de Ardoz, perciben unos ingresos brutos mensuales de entre 16.000 y 21.000 euros y un sueldo neto que fluctúa en la horquilla de entre 9.000 y los 16.000 euros netos al mes. Lo que supone, siempre calculando en función de estos ejemplos, que se desembolsan entre 135.000 y 240.000 euros al año, calculado en quince pagas.

Según documentos obtenidos por Cadena Ser , el sueldo base del colectivo en este centro es de 1.495 euros al mes. Pero a ese sueldo base, los controladores aéreos le añaden una serie de complementos, que conforman el grueso de las nóminas. Según fuentes consultadas, a los conceptos habituales se han añadido otros no habituales en las nóminas del último trimestre del año. El pasado verano AENA zanjó un capítulo de su disputa con los controladores aceptando abonarles una serie de complementos que les habían sido eliminados de sus nóminas desde marzo y que han sido abonados desde septiembre a noviembre.

Además del pago de estos retrasos, en las nóminas a las que se ha tenido acceso, aparece el complemento de las horas extra, un aspecto en el que los controladores pueden llegar a ingresas entre 1.181 euros y los 2.868. Según Fomento, uno de los problemas que ha originado el conflicto con los controladores ha sido la regulación de las horas extra. En febrero de este año, el Gobierno publicó un real decreto ley en el que las horas extra pasaban de las 600 a un máximo de 80 al año.

Quizá el concepto más abultado de las nóminas es el complemento del puesto, que varía entre los 7.113 y los 7.637 euros y que depende de si se trabaja en una torre de control o un centro y del aeropuerto. Otro campo destacable y que afecta únicamente a las nóminas de noviembre son las aportaciones individuales al sistema de pensiones. En las nóminas obtenidas, AENA devengaba 13.222 euros este mes, cercano al cierre del ejercicio fiscal y en el que empresas y contribuyentes apuran para realizar sus aportaciones a seguros y planes de pensiones.